viernes, 19 de noviembre de 2010

Violencia de género en tiempos modernos

Para encontrar el origen de la violencia de géneros debemos remontarnos a siglos pasados, donde la mujer pasaba de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo en ambos casos plena autoridad sobre ellas, donde la mujer estaba excluida de la sociedad excepto como mero adorno del hombre en los eventos sociales, donde la mujer estaba relegada a la función reproductiva y a labores domesticas.

Desde entonces la cuestión ha cambiado, gran porcentaje de los hombres creen en la igualdad entre ambos géneros, el hombre hoy en día cree que la mujer tiene los mismos derechos, mientras la mujer ha logrado evolucionar y hacerse notar en la sociedad, ha logrado que las consideremos iguales a los hombres, ha logrado tener tanto poder como nosotros, ha logrado que se luche justamente por erradicar la violencia de genero.

Pero yo me pregunto si esto de verdad ha evolucionado o si es una falsa ilusión que se hace notar como un espejismo en la sociedad moderna…ya que cada jornada veo en diversos medios de comunicación las palizas que se suceden día a día de hombres a mujeres (aunque a veces al revés). Creo llegar a la conclusión de que todo esto se remonta a la educación que recibimos, al parecer el hombre sin educación sigue siendo un animal sin amaestrar, por ejemplo la mayoría de las victimas de violencia de genero en España son extranjeras de Asia, África y América (coincidiendo con lugares en que la educación no se ha desarrollado satisfactoriamente), lugares donde los hombres aun son amos y las mujeres sumisas, lugares donde los hombres creen tener poder absoluto, además lo peor es que la mujer teme denunciar o dejar a los maltratadotes aun aceptando en muchos (demasiados) casos la violencia, con los ojos tapados por la ignorancia y la vergüenza.

La verdad –creo- es que hay que educar en el momento exacto en la vida de una persona, tanto hombre como mujer, si le enseñas demasiado pronto, un niño no estará preparado psicológicamente para entender y asimilar ideas de violencia de genero, asimismo una enseñanza demasiado tardía, un joven ya estará corrompido por la sociedad.

Lalenss

La Comunidad de Madrid forma policías locales en materia de violencia de género.

La Comunidad de Madrid ha formado en lo que va de año a 241 policías locales para intervenir en casos de violencia de género a través de las acciones formativas desarrolladas por la Academia de Policía Local.
Según ha informado hoy la Comunidad, a estos agentes se suman los 26 que el próximo lunes comienzan el curso Avanzado de Intervención Policial ante Violencia de Género, que les servirá para profundizar en conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para hacer frente a estos delitos.
El curso que comienza el próximo lunes trata las estrategias psicosociales de atención a las víctimas del maltrato -información, orientación, denuncia, protección a la víctima, así como la manera de reaccionar en situaciones de crisis- o del funcionamiento interno de una unidad de violencia de género en la Policía Local.
Estos agentes reciben formación en conceptos relacionados con la violencia de género y la igualdad de oportunidades, sobre los aspectos legales de la violencia de género y la protección judicial a las víctimas o acerca del sistema de prevención y asistencia integral que ofrece la Comunidad a las víctimas.
Los cursos sobre "Intervención policial ante la violencia de género" se han reforzado mediante un convenio suscrito en 2009 entre las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Empleo, Mujer e Inmigración, para establecer acciones conjuntas y coordinadas y una mayor protección a las víctimas.
Desde 2007 han asistido 1.090 policías locales a las acciones formativas sobre violencia de género en sus diferentes modalidades: curso básico, avanzado, seminarios y formación on-line. 

Spot ganador del concurso contra la violencia de género

Golpes, malos tratos, humillaciones y amenazas de muerte

Domingo, 31 de Octubre de 2010 09:44

Los miembros de ETA del comando Elurra (Nieve) comparecen fríos como un témpano ante el tribunal que juzga a 15 guardias civiles por un delito de torturas. Esta vez sin pistolas, ni explosivos en su poder, Igor Portu y Mattin Sarasola, dos de los autores de la voladura de la T-4 de Barajas, testifican por los golpes, malos tratos, humillaciones y amenazas de muerte que dicen haber sufrido a manos de aquellos agentes. La Audiencia de Guipúzcoa debe determinar ahora si su testimonio es veraz o, como ha ocurrido tantísimas veces, las denuncias son falsas y con ello persiguen ajustar cuentas con el "enemigo".
Con el arma de la palabra, Portu y Sarasola, penados con 1.040 años de cárcel, ratificaron el pasado martes ante el tribunal todas las sevicias sufridas tras su detención por la Guardia Civil el 6 de enero de 2008 en Mondragón (Guipúzcoa). Fueron interceptados, según confesaron, tras recoger del monte un paquete con dos revólveres Smith & Wesson y 50 cartuchos. "Nos meten a cada uno en un Patrol y nos llevan hacia una pista. Veo que a Mattin le llevan monte abajo. Después me sacan a mí y vamos al mismo sitio entre empujones y patadas. Bajamos hasta un río y siguen las patadas en las costillas y el vientre hasta quedarme sin respiración. Me metieron la cabeza en el agua dos o tres veces", declaró el primero, quien también aseguró haber recibido amenazas y burlas de los agentes: "Gudari (soldado) de mierda, te vamos a matar"; "tus jefes están muy bien en Francia y vosotros sois unos pringados".
Sarasola, que al parecer fue conducido al mismo lugar, no llegó a ver el río donde sumergieron "completamente" a su compañero, lo que supone una contradicción para las defensas de los acusados. También denunció "puñetazos y patadas" en este paraje boscoso: "Me daban golpes en la cabeza, empujones y caí dos veces al suelo con las manos esposadas atrás". "Me pusieron la pistola en la sien y me amenazaron con hacerme lo mismo que a [Mikel] Zabalza", el presunto etarra que, según papeles del Cesid, murió torturado en el cuartel de Intxaurrondo y su cuerpo apareció en el río Bidasoa. Los golpes se repitieron en ambos casos durante el traslado a Intxaurrondo y en sus calabozos. Portu y Sarasola dijeron que les apretaron con fuerza en los testículos, pero en los múltiples reconocimientos, ningún médico observó lesiones en los genitales.
La versión de los hechos dada por los guardias que les apresaron es diametralmente opuesta. Aducen que tuvieron que emplearse con mucha fuerza para impedir la huida de los terroristas y contrarrestar la violenta resistencia que opusieron en el momento del arresto. Niegan que les trasladaran a una pista forestal o les golpearan mientras les custodiaban. Sentados en el banquillo, los agentes -varios con peluca y bigote postizo para dificultar su identificación- ofrecen testimonios calcados. "Uno de ellos, salió corriendo calle abajo. Era Portu. Fui a por él y al darle alcance le hice un placaje y caímos al suelo. Se echó encima de nosotros el cabo, tuvimos que agarrarle del cuello, el pelo y los brazos porque quería escapar y se resistía con una violencia extrema, desmesurada. Logró darse la vuelta y nos pegaba patadas y golpes en los chalecos hasta lograr darse la vuelta. Le cogimos de todos los sitios. No recuerdo si le di un golpe para romperle la costilla", relató el sargento que estaba al mando del operativo. Sarasola también tuvo que ser reducido por otros dos agentes cuando emprendió la fuga de forma simultánea. Ninguno de los acusados admitió haberles propinado un solo cachete. El fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, no da crédito a estos testimonios -"es cualquier cosa menos creíble", dijo el jueves al exponer su informe de conclusiones ante la Sala- y sí, en cambio, considera veraz el relato de los denunciantes.
Después de asistir por separado a los registros de sus domicilios, Portu fue conducido a la clínica forense. "Presentaba un cuadro policontusivo y lesiones internas que nos hicieron sospechar que tenía un neumotórax", detalla ante el tribunal la doctora Sáinz de Trápaga, a quien el detenido confesó durante su reconocimiento que recibió malos tratos y fue sumergido en el agua "varias veces". "Las lesiones no son autoinfligidas", concluyó la facultativa. Portu tuvo que permanecer tres días en la UCI del Hospital Donostia. Cuando la forense recibe a Sarasola, observa policontusiones, pero un cuadro "menos grave". "Estaba reticente a hablar. Tenía una gran ansiedad, le temblaba la voz, estaba lloroso. Solo dijo que tuvo un forcejeo al intentar escapar".
Los forenses -peritos imparciales por pertenecer al cuerpo judicial- que analizaron minuciosamente las 18 lesiones de Portu y las 17 de Sarasola -en su examen forense en Madrid se encontró una más detrás de una oreja- no tienen ninguna duda de que "las más graves son compatibles con la versión de los denunciantes".
El fiscal, que no ve indicios de delito en cinco de los agentes, pero imputa torturas a otros cuatro y considera a los seis restantes responsables de faltas de lesiones, considera a Portu y Sarasola unos "asesinos" que persiguen "la destrucción del Estado de derecho", pero también precisa que son "sujetos de derecho" que pueden sufrir torturas. Para justificar la solicitud de tres años de cárcel para dos guardias y dos años para otros dos, Goyena hace constar que los tres magistrados instructores coinciden en que "los acusados no dicen la verdad".
Enfrente, las defensas censuran que la investigación judicial "se ha llevado a cabo de forma unidireccional" y "sólo se ha preocupado de buscar elementos incriminatorios" contra los guardias civiles, sin respetar la "objetividad" de los hechos.
Más allá de las emboscadas que presenta el caso, el juicio por torturas contra 15 guardias civiles ha tomado una gran relevancia para ETA y su entorno. La captura en noviembre de 2008 del entonces jefe de la banda, Garikoitz Aspiazu Txeroki, aportó un elemento clave en este proceso. Txeroki envió un correo electrónico a otro militante terrorista en el que admitía "las torturas falsas sufridas por Igor" y festejaba "el daño que le causamos al enemigo". En ese mensaje recordaba que los etarras deben "tener preparada una cantada, igual que hacía el talde (grupo) de Igor". Las defensas de los guardias apuntan a esta estrategia para explicar el hecho de que Sarasola no denunciara inicialmente las torturas y lo hiciera cuando fue interrogado días después por el juez de la Audiencia Nacional.

Violencia de Genero

800.000 niños víctimas de violencia machista.

La organización Save the Children y la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, han presentado la campaña "En la violencia de género no hay una sola víctima", a la que pone voz la actriz Aitana Sánchez Gijón, para denunciar las consecuencias que sufren los hijos de las mujeres que son víctimas de la violencia machista y para que estos "dejen de ser invisibles". La campaña en televisión y radio muestra a una mujer siendo amenazada verbalmente por su pareja, mientras un niño pequeño escucha desde detrás de la puerta. En prensa, está ilustrada con dibujo hechos por los hijos de mujeres maltratadas en el transcurso de las sesiones de apoyo y terapia; como el de Pablo, un niño de siete años que pinta a una mamá que llora frente a un papá que la amenaza con un cuchillo.


"Estos niños no son meros testigos de la violencia, son víctimas, y queremos que dejen de ser invisibles", ha subrayado la responsable de incidencia política de la ONG, Yolanda Román, quien calcula que en España "pudiera haber unos 800.000 niños" en esta situación. Aunque no estén siempre presentes, la violencia de género tiene gran impacto en el desarrollo psicológico y emocional de los niños. Ya desde el embarazo, provoca según la ONG un estrés en la madre que puede afectar en el crecimiento del feto. "Durante la infancia, la exposición a estas situaciones tiene repercusiones negativas significativas en el desarrollo emocional, social, cognitivo y académico, pudiendo afectar incluso al funcionamiento en la vida adulta", recuerda Save the Children. Algunos de sus efectos son "problemas de socialización, aislamiento, inseguridad, problemas de integración, pesadillas, insomnio, fobias, ansiedad, alteraciones del desarrollo afectivo y la interiorización de roles de género erróneos".




Dos veces preso por malos tratos y dos veces absuelto

Juan Antonio T. C., vecino de Málaga, reclama un millón de euros al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia tras haber estado preso dos veces por malos tratos y haber quedado absuelto del citado delito en las dos causas que activó contra él su ex esposa.
La primera vez que estuvo preso fue entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2003 tras una denuncia de su ex esposa por supuestas amenazas. Quedó en libertad provisional y un juzgado de lo penal penal le absolvió. Pero lo que más le indigna fueron los cinco meses de prisión que sufrió poco tiempo después, entre el 5 de agosto y el 20 de diciembre de 2004. Según la reclamación de Juan Antonio, remitida al Ministerio de Justicia y al Consejo del Poder Judicial, el 2 de agosto de 2003 denunció a su ex esposa tras recibir de ella un fax remitido desde el Ayuntamiento de Badajoz. Según él, en ese fax ella le indicaba que al día siguiente iría a verle "para exigirle 60.000 euros" y que "le mataría" sino se los entregaba. Según la denuncia, su esposa acudió al día siguiente, 4 de agosto, a su domicilio y le "asesto siete puñaladas". Señala que llamó él mismo a los servicios de urgencias y que, extrañamente, la policía le detuvo a él por "tentativa de homicidio". Seguidamente, el Juzgado de Instrucción 3 de Torremolinos, donde vivía Juan Antonio, ordenó su ingreso en prisión.
Tres años después, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga le absolvió del delito y dejó sin efecto las medidas cautelares (el auto de prisión preventiva) que en su día había ordenado contra él el juzgado de Torremolinos. Juan Antonio afirma en su escrito que no entiende como acabó él en prisión pese a ser el denunciante de la agresión y la víctima de las cuchilladas.
"Los hechos descritos me han originado un grave perjuicio, al haber salido reiteradamente en los medios de comunicación como un maltratador y homicida. Por estos hechos", señala en su escrito al Consejo del Poder Judicial, "el Ayuntamiento de Benalmádena, sin mandamiento judicial, entró en mi vivienda y se llevó todas mis pertenencia, enseres y efectos personales". Toda aquella conflictividad familiar llevó a la Administración a dar en adopción a los tres hijos del matrimonio. Juan Antonio asegura que todo se debió "a las falsas acusaciones formuladas por mi ex mujer, a la que se dio crédito por el hecho de ser mujer".
El Consejo del Poder Judicial ha estudiado este asunto y concluye que, en este supuesto, no cabe hablar de un funcionamiento anormal de la Administración de justicia susceptible de indemnización. Sin entrar en el fondo del asunto, el Consejo señala que no es competente para dictaminar si Juan Antonio debe ser indemnizado porque se trata de un error judicial (el auto del juez de Torremolinos que le llevó a prisión). Y que el error judicial sólo es indemnizable si así lo determina "expresamente" otro tribunal en una resolución motivada. "La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola un derecho a indemnización (art. 292.3 de la Ley Orgánica del poder Judicial ). Y tampoco comporta por sí solo un funcionamiento anormal de la administración de justicia el hecho de que el procesamiento de una persona no culmine en una sentencia condenatoria. Anormal sería que todo auto de procesamiento prejuzgue la condena de un procesado", explica el Poder Judicial. Entiende, pues, el Consejo que escapa a su competencia dictaminar si un juez se ha equivocado o no indagado correctamente un hecho delictivo. En su escrito, Juan Antonio se queja, asimismo, de que durante el proceso pidió abogado de oficio y no se le designo. En este caso, el Consejo refuta lo que dice y afirma, tras estudiar el expediente, que sí fue asistido de letrado de oficio. Otra queja del denunciante es el trato que recibió en la prensa, donde apareció "como maltratador y homicida". "Se trata de una circunstancia ajena al desenvolvimiento del proceso" que "no conforma un fundamento efectivo de exigibilidad de responsabilidad de la Administración de Justicia", replica el Poder Judicial.